Con la entrada en vigor del Decreto Legge 24 de febrero de 2026, n. 23, el Gobierno ha introducido una reforma profunda que abarca diversos ámbitos del derecho penal, desde la gestión del orden público hasta la tutela legal de los agentes de las fuerzas del orden.
El escudo penal para la legítima defensa
Una de las novedades más significativas se refiere al denominado escudo penal en materia de legítima defensa. El decreto introduce nuevas garantías para quienes, en el ejercicio de sus funciones, se encuentran en la necesidad de usar la fuerza en situaciones de peligro. Una medida que ha generado un amplio debate entre quienes la consideran una protección necesaria y quienes temen posibles abusos.
Videovigilancia urbana reforzada
Para el año 2026, el fondo para la prevención en los municipios se incrementa hasta 54 millones de euros, de los cuales aproximadamente 19 millones están destinados al fortalecimiento de los sistemas de videovigilancia urbana. Las administraciones locales podrán cubrir también los costes del trabajo extraordinario de la policía local.
La evolución de la Riforma Cartabia en el ámbito penal
En el ámbito jurisprudencial, la sentencia de Cassazione n. 109/2026 representa una aplicación avanzada de la Riforma Cartabia: los jueces han establecido que, para los delitos sexuales en los que se reconoce la "menor gravedad", es posible sustituir la pena privativa de libertad por trabajos de utilidad pública.
Declaraciones de inconstitucionalidad en 2025
La Corte Costituzionale intervino en varias ocasiones durante 2025 con declaraciones de ilegitimidad:
- Art. 34, apartado 2 del codice penale (sentencia n. 55/2025)
- Art. 69, apartado 4 del codice penale (sentencia n. 56/2025)
- Art. 168-bis, apartado 1 del codice penale (sentencia n. 90/2025)
Estos pronunciamientos confirman la tendencia a superar los automatismos sancionadores para valorizar el principio de proporcionalidad.
