El 31 de marzo de 2026, el Tribunal Constitucional depositó la sentencia n. 45, mediante la cual aportó claridad sobre uno de los nudos interpretativos más debatidos en materia de delitos contra el patrimonio: la estructura del delito de robo impropio y el momento de su consumación. Una resolución que, si bien confirma la legitimidad constitucional de la norma vigente, ofrece elementos de gran relevancia para cualquier persona que se encuentre involucrada —a cualquier título— en procedimientos penales vinculados a esta figura delictiva.
El caso en el centro de la cuestión: ¿qué había planteado el Tribunal de Florencia?
El juez remitente, el Tribunal ordinario de Florencia, había planteado una cuestión de legitimidad constitucional respecto al art. 628, segundo párrafo, del código penal (codice penale), que regula precisamente el robo impropio. La duda versaba sobre una diferencia estructural respecto al robo propio (previsto en el primer párrafo): mientras que este último exige que el sujeto se apodere de la cosa ajena empleando violencia o amenaza, el robo impropio se configura cuando la violencia o la amenaza se ejerce inmediatamente después de la sustracción, con independencia de que el apoderamiento se haya efectivamente realizado.
El Tribunal consideraba que esta asimetría podría vulnerar el art. 3 de la Constitución (Costituzione della Repubblica Italiana), es decir, el principio de igualdad y razonabilidad: las dos formas de robo reciben el mismo tratamiento sancionador, pero el robo impropio parecería castigar de forma más amplia, prescindiendo de la obtención efectiva del bien.
La respuesta de la Consulta: la cuestión es infundada
El Tribunal Constitucional, mediante la sentencia n. 45/2026, declaró la cuestión infundada. El razonamiento de los jueces constitucionales es articulado y merece ser comprendido en sus pasos esenciales.
Según el Tribunal, el rasgo unificador entre el robo propio y el robo impropio no es el grado de avance de la agresión patrimonial, sino un elemento común y fundamental: el empleo de la violencia o la amenaza en un contexto de agresión al patrimonio ajeno. Este es el núcleo de desvalor que justifica la paridad de pena, y no la circunstancia de que el sujeto haya logrado o no apropiarse del bien.
El Tribunal subrayó además un aspecto particularmente significativo: en el robo impropio, el apoderamiento puede no llegar a producirse en absoluto, y ello puede ocurrir por dos órdenes de razones distintas:
- Por decisión del propio agente, quien emplea la violencia o la amenaza no para culminar el hurto, sino exclusivamente para garantizarse la impunidad —por ejemplo, para huir tras haber sido descubierto—;
- Por intervención de terceros, que impiden materialmente la consumación de la acción.
En ambos supuestos, preci
